RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO DURANTE EL SIGLO XIX

La presencia del ejército en la historia de México ha sido muy importante, sobre todo en el siglo XIX, el cual fue un siglo de constantes luchas internas, desde la Guerra de Independencia hasta el Porfiriato, en el cual el primero jugó un papel preponderante en la vida política y social del país. Si bien es cierto que la milicia mexicana no fue una institución sólida a principios del siglo ya mencionado, tiempo después sería un elemento esencial para enfrentar las invasiones externas entre las cuales sobresale la que Estados Unidos realizaron a México de 1846-1848.

            Para poder entender la evolución del ejército mexicano es importante tomar en cuenta como es que eran reclutados los hombres para prestar sus servicios a éste que, en la mayoría de las veces, fue en contra de la voluntad de los individuos, que en su mayoría eran los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana decimonónica. Las consecuencias que provocaba el enlistamiento en contra de la voluntad de la población, se pueden percibir con la gran tasa de deserción de la sociedad que, al ser desarraigada de sus lugares de origen tomaban como alternativa el dedicarse al bandidaje.

            El reclutamiento fue pasando por distintas etapas, dentro de las cuales la resistencia de la población usó los recursos legales que tenían a su alcance, pero ésta se acentuó con la entrada en vigor de la Ley de Amparos en el año de  1868, lo cual podemos constatar en documentos históricos a los cuales tuvimos acceso. Dichos documentos nos dejan entrever la resistencia que presentaba la población para enrolarse a las filas del ejército y cuales eran sus argumentos para evitarlo.

            Es importante señalar que en el periodo de la República Restaurada se incremento el número de consignaciones al ejército de manera involuntaria mediante el uso de excesivo de la leva, la cual consistía en reclutar sin consentimiento propio. Otro método utilizado fue el sorteo, dentro del cual se veían afectadas las clases más desprotegidas, ya que en la mayoría de las ocasiones esa forma de consignación no fue respetada.

El reclutamiento a las armas es un tema que si como investigadores hurgamos más a fondo nos daríamos cuenta de que tanto periódicos, archivos, novelas y otras formas de documentación nos serían de gran ayuda para explicar un periodo extenso como lo fue el siglo XIX, lleno en su mayoría de gente pobre y desprotegida, siendo ésta anexada  a las milicias sin su consentimiento, y con  una resistencia que se demostró de diferentes maneras.

La creación del ejército permanente se da tras la Guerra de lo Siete Años y el predominio naval de Gran Bretaña a lo largo del siglo XVIII, la Corona española se vio en la necesidad de cambiar su estrategia militar para defender sus posesiones ultramarinas de cualquier ataque, como el sucedido en La Habana por tropas inglesas, para lograrlo, el rey Carlos III ordenó la organización de fuerzas armadas en América.

En la Nueva España el encargado de realizar tal tarea fue Francisco Villalba y Ángulo, el cual arribó al puerto de Veracruz en 1764. Antes de su llegada, la defensa de la Nueva España estaba conformada por las fortificaciones en Veracruz, Acapulco y Campeche; así como pequeñas tropas apostadas en los puntos fronterizos y fuerzas armadas y regulares; las milicias provinciales y urbanas. Éste último grupo era dirigido y pagado por los ayuntamientos y algunas corporaciones civiles para mantener la paz en las ciudades. Por su parte, las milicias provinciales eran cuerpos formados en las divisiones políticas de la Colonia y estaban obligadas a defender en todo el virreinato  y el virrey podía movilizarlas como reserva.

Desde su llegada, Villalba tuvo que partir de cero, pues, la sociedad novohispana no estaba acostumbrada a vivir una constante movilización militar; ya que, a pesar de las repetidas rebeliones indígenas y campesinas, las autoridades españolas no establecieron batallones de soldados nativos, ni enviaron contingentes para su defensa, lo cual fue causa para que Villalba se enfrentara varios problemas para conformar a un ejército.

Por parte de las autoridades novohispanas, éstas tuvieron recelo de reclutar a las personas de distintas castas, entre ellos los criollos y negros, aunque no todos estaban de acuerdo en excluir a los primeros; como es el caso del llamado Plan Crespo, el cual proponía que el sostenimiento de las fuerzas militares recayera sobre la sociedad novohispana, disminuir los cuerpos del ejército permanente y aumentar las milicias provinciales. Esta propuesta se debió en gran medida a las grandes distancias, escasas vías de comunicación, la falta de tradición militar en la sociedad novohispana, pero sobre todo el riesgo de dañar a las sociedades y economías regionales, pues si se llamaban a demasiados hombres a prestar su servicio militar de manera permanente la oposición novohispana radicaba en lo oneroso que resultaba para la Real Hacienda mantener a las fuerzas permanentes , por lo cual el objetivo de este plan era crear milicias provinciales, ya que los milicianos provinciales no se separaban de sus actividades normales, con lo cual se disminuía el daño a la economía regional.

Con la Revolución Francesa, la guerra contra Inglaterra en 1796, la invasión napoleónica y el moviendo de independencia, se vivió un cambio radical en la política militar en la Nueva España, pues estos sucesos provocaron la entrada al ejército a las clases que años atrás habían sido relegadas, pero sobre todo los dos últimos  acontecimientos  marcaron la incorporación masiva de distintos grupos sociales novohispanos a la milicia como lo señala Archer:

Con la Guerra de Independencia se abandonaron forzosamente los prejuicios raciales con lo cual se dio paso definitivo a la “novohispanización” en el ejército tras la promulgación , en junio de 1811, del Reglamento político Militar, mejor conocido como Plan Calleja; el cual consistía en la creación de cuerpos de infantería y caballería en las ciudades con el objetivo de neutralizar el avance de los insurgentes, así como el conseguir que los habitantes de las haciendas y los ranchos se defendieran de los ataques insurgentes. Con este plan, Félix María Calleja delegó a las elites locales la responsabilidad de pacificar a sus respectivos territorios.

Para poder obtener los reemplazos suficientes, los militares recurrieron a las autoridades civiles, basándose en la Real Ordenanza de Milicias, la cual estipulaba que el ejército obtendría los reemplazos a través de banderas de reclutas, levas y sorteos. Dichos métodos no surtieron el efecto esperado debido en gran medida a que la mayoría de la población novohispana no le atraía la carrera militar, pues ante la presencia  de una bandera de reclutas  en su población “la gente reaccionaba como si hubiera caído una plaga”[url=#_ftn4] [/url], lo cual provocó que las autoridades militares enfrentaran grandes dificultades para organizar un ejército eficiente. Este rechazo por parte de la sociedad se debe, en gran medida a la dura disciplina militar, los castigos, el miedo a morir en campaña, el desarraigo y el abandono de los medios de vida anteriores, entre otras razones.

Es importante señalar que las autoridades militares se mostraban renuentes  a recurrir a la leva, pues, ocasionaban perjuicios e injusticias  a la población colonial y proporcionaban individuos vagos e improductivos que buscaban el momento oportuno para desertar. Para evitar los daños sociales y económicos que el reclutamiento causaba, los funcionarios civiles mostraron poco apoyo para levantar los censos de población necesarios y organizar los sorteos, ya que, sin la colaboración de los alcaldes mayores no era posible conocer el número de habitantes de determinada región. 

La actitud tomada por las autoridades civiles era el resultado del temor que se le tenía al ejército, ya que, supusieron que éste iba a minar su poder. Por su parte, la población novohispana mostró apoyo a los ayuntamientos al resentir la presión de los militares para realizar sorteos, este apoyo se manifestó mediante la obstaculización del sorteo ya fuera falseando información, pues:

Por otro lado, los ayuntamientos y demás autoridades civiles veían en la leva tanto lo oportunidad de deshacerse de la gente perniciosa e improductiva y como la forma de evitar el fortalecimiento del ejército, pues, buscaban desmoralizar y causar deserciones  entre las filas de las fuerzas permanentes.

Tras consumarse la Independencia, en 1821,  las elites regionales habían ampliado su poder político-militar dejado por el estado colonial, entre las medidas tomadas para lograrlo se encuentra el apoyo al federalismo como sostén de gobierno, pues, buscaban evitar a toda costa evitar la creación de un poder central.

Una de las estrategias seguidas para lograr tal objetivo, fue el hacer valer la soberanía que les concedía el federalismo, pues, éste les permitía a las legislaturas locales actuar con libertad en lo concerniente a las alcabalas, el comercio interior, las fuerzas de las milicias cívicas, los impuestos de sus respectivos estados, entre otros. Tales medidas tenían la clara intención de impedir el fortalecimiento y funcionamiento del poder central; pues, con un Estado débil económica y políticamente, los poderes regionales podían tener mayor  margen de acción en sus zonas de influencia.

En la sesión sostenida, el 24  de agosto de 1824, en el Congreso Constituyente se decretó la forma en que los estados debían proporcionar reemplazos al ejército permanente. Dicho decreto constaba de siete artículos, dentro de los cuales el primero señalaba que los estados pondrían a disposición del gobierno nacional, en el tiempo que éste señalase, el contingente de hombres necesarios para reemplazar las bajas del ejército permanente. El segundo, señalaba la cantidad de hombres que cada territorio y estado, de acuerdo con su población, debía entregar al ejército, siendo el estado de México el que debía aportar mayor cantidad de soldados con 3.704 y el territorio de Colima sólo 70. En tanto el artículo sexto mencionaba que las bajas que ocurrieran por deserción, licencia absoluta o retiros debían ser reemplazados  por los estados a los que pertenecían los hombres que las causaban.

Por su parte, el séptimo artículo obligaba a los estados a mantener depósitos de reclutas. Es preciso señalar que el artículo más importante de este decreto era el tercero, pues:

 Para principios de la República Restaurada los abusos aumentaron en su mayoría sobre la gente humilde, siendo los indígenas los más expuestos a ser llevados como recluta. Ya entrada la sociedad en el periodo del México Independiente, Falcón menciona que tres fueron los mecanismos primordiales para llenar las filas militares, la primera consistía en hacer uso de la previsión legal que castigaba a los “vagos” llevándolos al servicio de las armas; la segunda fue la incorporación a las guardias nacionales por gusto personal; por último la conscripción forzada o leva[url=#_ftn7] [/url], ésta última justificada como correctivo a la vagancia, fundada en una añeja preocupación por la peligrosidad que entrañaba la ociosidad y malos hábitos de ciertos estratos sociales en las categorías de vagos, mendigos, viciosos, mal vivientes y amancebados, por lo que los gobernantes de los estados de la nueva nación independiente, intentaron controlar y castigar a personas que por su deficiencia moral eran: nocivos para la sociedad, capaces de dañarla.

Para la segunda mitad del siglo XIX, se tuvieron que tomar fuertes decisiones legislativas que controlarían los grandes gajos de la vida privada; tal fue el avance represivo la vida mexicana se convirtió en lo que Jaime del Arenal  ha calificado como:

Dando a entender que no la intimidad sexual, ni las practicas religiosas, ni el ocio, se le escapaba al aparato gubernamental.

Días entes de la promulgación de la constitución del cinco de Febrero de 1857, se expidió la Ley del 20 de Enero de 1857  con la que los liberales pretendían hacer hombres de bien, y que mejor sino apartando los de la vagancia y mendigancia por las qu7e la mayoría de la sociedad mexicana pasaba en el periodo de transición de un Imperio a una República. La legislatura establecía las característicos que definían a la vagancia, siento estas globales, pues se consideraban como vagos a quienes practicaran desde diversiones ordinarias hasta actividades propias de la cultura de la pobreza.

 Esto último llena  a pensar que la ley no fue realizada desde una perspectiva totalmente clasista, sino se consideraba a la vagancia un grave mal propio de personas deficientes en su moral y no únicamente se presentaba en la población pobre. Las autoridades debían perseguirlos bajo su más estrecha responsabilidad y tomar a los sospechosos a  tribunales especiales. En el caso del Estado de México los encargados de reclutar a la población eran los Jefes Políticos entre los que destacan el del Municipio de Tenango, Don Nicolás F. Castañeda, por la década de los ochenta; y el de Tenancingo, Como lo mencionamos anteriormente, la practica, continuó ejerciéndose hasta bien entrado el siglo XX, y claro es de saberse que en su mayoría fueron ejecutadas con mayor rigor durante la República Restaurada.

Tal atrocidad le fue benéfica para Jueces y Jefes políticos quienes decidían quiénes podían ser enviados al servicio de las armas, ya no solo por vagancia sino se incluyó a los apoderados de las comunidades que promovieran juicios para recuperar las tierras que habían perdido sus trabajadores, como lo fue el caso de León Esquivel, quien fue consignado l servicio de las armas por el Presidente municipal de Capulhuac, Don Pablo Calderón, con la finalidad de cubrir las bajas del ejercito federal; posteriormente el Jefe Político aboga en favor de Calderón, diciendo que el 29 de Junio de 1881, recibió una circular en la que se le pedía remitiera el mayor número de reemplazos que le fuesen posibles, por lo que tomó los servicios de Esquivel para servir a la nación; claro a la fuerza ya que éste no quiso abandonar su hogar por gusto personal. Para la suerte de Esquivel el ampara promovido por su madre fue favorable en su persona, y no paso a ser integrante de las filas militares. Pero, muchos de los casos que se pueden encontrar en el archivo histórico de la casa de Cultura Jurídico en el Estado de México, no tuvieron tal acierto.
La segunda forma de reclutamiento giraba en torno a las guardias nacionales que en muchas ocasiones fueron importante mecanismo de autonomía para los pueblos, pero su mayoría tenía como finalidad defender la independencia de la nación, las instituciones, la tranquilidad pública y ayudar a hacer obedecer las leyes y las autoridades.

Gran parte de los municipios del Estado de México estaban encargados de listar a los mayores de dieciocho años para que pudiesen ingresar a los cuerpos militares, como lo fue el caso de José Justo y Justo Rufino, de treinta y nueve y cincuenta años de edad, respectivamente; originarios del pueblo de Zinacantepec, Municipio del Edo. de Méx., fueron nombrados auxiliares para recaudar fondos para el Ayuntamiento, pero por causas de analfabetismo y económicas renunciaron al cargo y fueron detenidos por órdenes del secretario del presidente municipal para que sean arraigados en la cárcel municipal y posteriormente ser consignados al servicio de las milicias municipales, defendiendo con su vida a los pueblos pertenecientes al lugar. [url=#_ftn11][/url]

La mayoría de las guardias municipales y estatales mantuvieron cierta independencia de las federales, solo se relacionaban cuando durante emergencias, los municipios debían de proporcionar un “contingente de sangre” para el ejercito, con quienes ya formaban parte de la guardia. En el Estado de México el batallón que más proporcionaba ingresos era el tercero ubicado en Toluca.[url=#_ftn12] [/url]  Sin embargo, debido a la gran cantidad de conflictos suscitados en la segunda mitad del siglo XIX era menos propicio el reclutamiento voluntario, siendo la revuelta de Chilpancingo una de las más sangrientas y para la cual se reclutaron gran cantidad de indígenas que fueron enviados a la lucha sin su consentimiento y decisión propia.

El tercer y más cruel mecanismo para conformar el ejército fue la  leva, la cual tuvo mayor fuerza a partir de los años cuarenta, pues era necesario contar con un ejército numeroso por que arreciaron las guerras, revueltas y rebeliones en el país. Momento en el que el ingreso involuntario arrazo sobre los sectores marginados tanto en la ciudad como en el campo, éste último lugar de insurrecciones comunes y el donde como medida de control se opto por enviarlos como reemplazos a las filas castrenses, particularmente a regiones conflictivas como lo fue la Península de Yucatán.

 Por supuesto ni la constitución de 1857 y sus disposiciones en los artículos cuatro, cinco, diecisiete, dieciocho y diecinueve; sobre la prestación de servicios personales, sin la justa retribución y sin pleno consentimiento ,  fueron respetadas en el periodo liberal ya que el reclutamiento forzoso era demasiado cotidiano.

Los gobernantes de la nación republicana se enfrentaban constantemente a una contradicción propia, ya que por un lado estaba, el anhelo por mejorar las condiciones del ejército, así como por hacer realidad las garantías individuales que el la carta magna se establecían; por el otro, la presencia de las guerras civiles e internacionales, por mencionar un ejemplo lo intervención francesa; así como las conmociones políticas y populares.

Al principio de la sexta década del siglo XIX  las pugnas entre monarquistas y republicanos fueron un elemento central para el ingreso al ejercito gracias al llamando ideológico de cada uno de los bandos, ya fuese el imperio ilustrado o el Estado liberal, ambos grupos estaban concientes de que la búsqueda de alternativas a la leva eran necesarias para que los grupos subalternos o marginados proporcionaran apoyo o repudio a uno de los dos, a o que los liberales para el derrocamiento del imperio tuvieron que apoyarse en la notificación de que la población sería protegida del reclutamiento a las armas; incluso en el Estado de México, Toluca para ser exactos, se dio a conocer un aviso público en el que se estipulaba que se debía denunciar y vigilar cualquier abuso; pero el la practica los más desprotegidos siguieron siendo presa de la leva.

Pasado e tiempo se llegó al grado de lograr una convicción racista, de que la leva era útil a los indios, pues a pesar de su sufrimiento el sólo sacarlos de sus comunidades os civilizaba y volvía superiores.

Ya en la presidencia los liberales, Juárez y Lerdo optaron por suavizar, regularizar y minimizar, los abusos de la conscripción forzada, pues para la primavera de 1969 se estableció la ley del 20 de Mayo del mismo año [url=#_ftn16] [/url] en la que se estipulaba que el procesos de reclutamiento sería limitado a dos métodos: voluntario y por sorteo, el primero con la finalidad de respetar más las garantías individuales, y el segundo consistía en que nuevamente se echara mano de las clases bajas. La iniciativa de la ley tenía como finalidad intentar cubrir los abusos como la conscripción forzada o el fusilamiento de los bandoleros. Veamos el caso de un ciudadano mexiquense reclutado en Toluca, a quien su madre, Eugenia Guadarrama, solicita un  amparo por no haber sido sorteado conforme a la ley, sino llevado a la fuerza; alo que el coronel Corichi, jefe de reemplazos, niega tal acción de leva en Perfecto Rojas, y que en realidad Rojas fue entregado como parte del contingente de sangre; posteriormente dice que en el contingente de reemplazos no existe ni a existido un individuo con tal nombre, ya que tal vez sea parte de los desertores. [url=#_ftn17][/url]

En su mayoría la prensa liberal atacó de una y otra forma a tal violación de garantías individuales, en especial a las de la sociedad indígena. Entre los intelectuales que se opusieron continuamente a la leva podemos encontrar a Francisco Zarco, quien se pronunció contra los tribunales de vagos argumentando a favor de aquellos desempleados que no encontraban trabajo y eran adscritos a las armas. Lo que según él provocaba mayor miseria en la nación mexicana , y que se veía claramente entre los años sesenta y setenta del siglo eran las dificultades económicas y que traían como consecuencia el incremento de vagos y mendigos.

Otra de las violaciones a la constitución fue el artículo once, que con la emisión de un decreto se restringió el libre tránsito de los trabajadores rurales, a lo que, para que o fuesen tomados como leva:

La resistencia a ingresar al servicio de las armas durante el siglo XIX fue de un sin numero de maneras, pues múltiples testimonios atestigua los pesares que causaban estas practicas; tal es el caso de Ecatzingo en las cercanías de Jalapa, donde los leveros se situaron en las puertas de los templos, y cuando los devotos salían de la casa de dios, eran arrebatados para la casa del diablo.   Encima quienes habían  sido llevados a la fuerza tenían que “recibir instrucciones militares del alba hasta la noche, soportar la pésima comida, aguantar los varazos de los cabos, entre otras acciones.” [url=#_ftn20][/url]

Tales agravios encontrón protección en los amparos promovidos, contra esa realidad anticonstitucional. Un caso entre muchos fue el de José Juan, natural de Temoaya, quien el 26 de Julio de 1874 fue llevado de leva por el Jefe político de Almoloya, con la justificación de que se trataba de un ebrio y ladrón, por haber entrado a una casa creyendo que era la suya; a éste no se le promueve el amparo, por que el artículo 126 de la constitución de 1857, estipula que se consigne al servicio de las armas a vagos, ladrones, rateros, mal entretenidos y consiguientemente perniciosos; por lo que se le remite al servicio de las armas. [url=#_ftn21][/url]

La sociedad liberal pedía una modificación legal expedita que acabara con el reclutamiento sin el consentimiento de la persona anexada al ejército, ya que en su mayoría alegaban que la leva obligaba la hombre por la fuerza brutal a prestar trabajos personales sin su pleno convencimiento y convirtiéndolo en esclavo por cinco años mínimo… Trinidad Hernández, quejosa de tal acción promovió un  amparo para que Luís Esquivel, su hijo, fuera desligado de tal atrocidad y opina que:

El ejército mexicano a lo largo del siglo XIX sirvió a los intereses militares y civiles que le rodeaban, pues, generalmente éstos buscaban aprovechar la posición del primero para obtener beneficios y provocar perjuicios a sus oponentes, como es el caso del reclutamiento de personas de las clases más desprotegidas. Con ello buscaban tanto deshacerse de las personas que no proporcionaban ningún beneficio a la sociedad y a la vez evitar el fortalecimiento del ejército, por consiguiente la creación de un Estado central sólido.

Es importante resaltar que los daños que se causaron con tales medidas afectaron a familias, sociedades y economías regionales, beneficiando a su persona como fue el caso de los jefes políticos en el estado de México, entre otros casos.

Una de las consecuencias que trajo consigo el reclutamiento a las armas en las sociedad decimonónica que tenía un nivel económico muy bajo fueron revueltas que la mayoría de las ocasiones fueron controladas, pero si lo analizamos más a fondo nos daremos cuenta  de que fueron un sinnúmero de episodios catastróficos. Otra consecuencia fue el crecimiento del bandidaje en los caminos de la mayor parte del país, sobre todo en el norte y centro. Generalmente la mayor parte de los integrantes de estos grupos fueron desertores del ejército quienes optaban como medio de sustento el dedicarse a esta actividad.
La medida de reclutar gente de la forma expuesta en el presenta trabajo tuvo una duración hasta ya entrado el siglo XX, lo que perjudicó a la mayoría de la sociedad en el siglo anterior.